Campaña de inspección de trabajo del Govern de les Illes Balears

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El próximo lunes día 17 de agosto se pondrá en marcha la campaña extraordinaria de inspección de trabajo impulsada desde la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria: Plan de lucha contra la explotación laboral.
Según la información recibida, la campaña tiene una duración prevista de seis semanas, periodo en el cual se han programado más de 1.300 actuaciones. Conformarán este dispositivo especial un total de 16 inspectores para Mallorca, 8 inspectores para Menorca y otros 8 inspectores para Ibiza y Formentera, que reforzarán la tarea de los inspectores de las Islas y van a realizar un mínimo de 650 actuaciones en Mallorca, 325 en Menorca y otras 325 en las Pitiusas.

Los principales objetivos que se ha marcado el Govern de les Illes Balears con en esta campaña son los siguientes:
• Verificar el alta en la Seguridad Social.
• Vigilar el cumplimiento de las jornadas laborales pactadas, especialmente en los contratos a tiempo parcial.
• Convertir los “falsos tiempo parcial” en contratos a tiempo completo.
• Luchar contra el fraude en la contratación (pasar eventuales a fijos).




El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Llei del Comerç

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra la Ley de Comercio de Baleares, en el que impugna varios preceptos de la Ley 11/2014, de 15 de octubre.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de las Illes Balears, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en cada uno de los dos procesos y para formular las alegaciones que estimen oportunas.

El Pleno acuerda también la suspensión automática de la vigencia y aplicación de la Ley de Comercio, decisión que es consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del art. 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.



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